“No tenemos por qué pagar esta crisis política con nuestras vidas”, afirman las feministas frente al actual escenario político chileno. Después del triunfo del “Rechazo” al proyecto constitucional, el 4 de septiembre de 2022, la propuesta en que se habían depositado amplias esperanzas de cambiar la Constitución dictatorial, comenzó a crecer la influencia de sectores ultraconservadores, al alero del Partido Republicano fundado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast.
Una muestra del crecimiento de la ultraderecha fueron los resultados de las elecciones a consejeros del nuevo proceso constitucional en curso —un proceso deslegitimado por numerosas organizaciones sociales dada la exclusión de las doce bases constitucionales establecidas—, en las cuales los representantes ultraconservadores obtuvieron el 35,6% de los votos, con 23 consejeros electos y, por tanto, con poder de veto dentro del Consejo Constitucional.
Es en este contexto que preocupa la regresión en el avance en las agendas de derechos que históricamente han sido obstaculizadas y boicoteadas por la derecha tradicional, y ahora por la ultraderecha. Esta última con la distinción de ser un sector radical en sus planteamientos, de un conservadurismo moral, roles de género preestablecidos y un importante componente populista. Esas características que también se observan en el partido nacionalista-populista Vox, actualmente el tercer partido más grande en el parlamento español, que se ha convertido en una amenaza para las feministas, diversidades sexuales y para inmigrantes. Frases del tipo “no somos machistas ni feministas, somos mujeres”, acompañadas por la dependencia de la imagen masculina tradicional son parte de estos idearios sumamente peligrosos.
Desde la Red de Historiadoras Feministas sostienen que el antifeminismo que observamos está vinculado, por una parte, al discurso que encarna esta derecha, que es anti derechos sociales, y también contraria a la presencia de un estado que promueva y garantice políticas sociales. “El antifeminismo es una respuesta a cómo los movimientos feministas han instalado la necesidad de profundizar en una agenda de derechos sociales amplios”, señala Karen Alfaro, integrante de la Red.