«A 5 años del mayo feminista: avances y desafíos en un nuevo contexto para las mujeres y diversidades», reportaje de El Mostrador Braga

«A 5 años del mayo feminista: avances y desafíos en un nuevo contexto para las mujeres y diversidades», reportaje de El Mostrador Braga

Desde fines de 2016, la llegada del movimiento Me Too y Ni Una Menos, junto con el femicidio frustrado de Nabila Riffo, la denuncia masiva del director televisivo Herval Abreu y la revelación de numerosas situaciones de abuso, acoso y violencia de género en universidades de todo Chile, la ola feminista detonó en el país con una fuerza que acompañó hasta el estallido, llevó sus demandas al primer proceso constituyente y persiste ante el segundo. En medio de ello, emergieron numerosas transformaciones en la teoría, pero el desafío radica en la práctica.


Antes que el expresidente, Sebastián Piñera, anunciara el día de su Cuenta Pública su “Agenda Mujer”, las mujeres ya tenían la propia. Así lo sostiene Camila Olmos, Vocera de la Coordinadora Feminista 8M, nacida y gestada fruto de la agitación de 2018 y una de las orquestadoras de la agenda de mujeres y diversidades, quizá la antesala de lo que pasaría en octubre de 2019.

Es que si el estallido social detonó con la subida del pasaje del metro, pero supo aunar las demandas sociopolíticas de un grupo amplio de la sociedad, el mayo feminista encontró a las mujeres y diversidades sexuales y de género en un mismo centro, aquel en el que se reconocieron como sujetas de opresión, en el seno de una estructura que las excluye como sujetas de derecho. 

Porque si la primera ola feminista chilena (1913-1949) fue por el derecho a ser votadas y votar, y la segunda ola de las mujeres en contexto de dictadura (1973-1989), la del 2018 va por derechos sociales, políticos, culturales, sexuales, económicos y de otra índole, que apunta no sólo a un reconocimiento de un grupo históricamente excluido, sino que también a la reparación y al derecho a vivir en un ambiente libre de violencias.

La ola feminista

Desde noviembre de 2016, fueron distintos los episodios que estimularon el debate social en clave de género. Los movimientos Me Too y Ni Una Menos llegaron a Chile para irrumpir en medio de la violencia física y mediática vivida por Nabila Riffo, el caso que despertó diversas movilizaciones por el fin de la violencia contra las mujeres, que a su vez fue tomando mayor fuerza.

En abril de 2018, la denuncia por situaciones de acoso y abuso sexual y violencia hacia estudiantes universitarias generó un efecto dominó de denuncias donde cada día salieron más a la luz: profesores, estudiantes varones, directivos. La Universidad Austral de Chile, con sede en Valdivia, destapó una olla que se estaba rebalsando tiempo antes, muchos años antes, décadas. Inauguró así la primera de las tomas, que llenó de pañuelos verdes las instituciones, y también de otros colores. 

 

26 de Mayo del 2018 Toma UC Santiago FOTO: RODRIGO SAENZ / AGENCIAUNO

Numerosas universidades, fundadas y dirigidas en su amplia mayoría por varones, fueron cerradas por mujeres que exigían el fin del abuso, acoso y la violencia contra las mujeres. Tomas, paros, jornadas de reflexión y lucha marcaron esos días, que traspasaron las instituciones universitarias. 

A la par de estos sucesos, actrices de televisión y teatro denunciaron una seguidillla de episodios de acoso y abuso sexual por parte del director de televisión Herval Abreu, lo que abrió la puerta a la revelación de más casos similares, así como también de hechos naturalizados que violentan a las actrices, como el llamado casting de sábana. La brecha salarial de actrices y actores también se puso sobre la palestra.

Con pancartas, danzas, poesía, cortes de calle y gritos como “alerta alerta, alerta que camina mujeres feministas por América Latina, que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas, que América Latina va a ser toda feminista”, los movimientos de mujeres permearon el país de norte a sur con demandas que cruzaron la frontera de la universidad.

Ya desde marzo de 2018, la Coordinadora Feminista 8M se articulaba para organizar una primera tarea conjunta, que fue la organización del Encuentro de Mujeres y Pensiones para discutir, desde una perspectiva feminista, la propuesta para terminar con el sistema de AFP y garantizar pensiones dignas. 

16 de Mayo de 2018/SANTIAGO
Cientos de estudiantes comienzan a llegar hasta Plaza Italia, para participar de una nueva marcha feminista convocada por la Confech, “contra la violencia machista, educaci—n no sexista”.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

“El objetivo era romper el cerco mediático que buscaba presentar las movilizaciones feministas como una cuestión circunscrita exclusivamente al espacio estudiantil, y mostrar que esta ola feminista estaba dinamizando acciones feministas también en los territorios, en los sindicatos, en el uso del espacio público”, cuenta la actual vocera de la organización que nació en ese contexto, Camila Olmos.

Otro de los movimientos que heredó el proceso fue la Red de Actrices Chilenas (RACH), creado por la necesidad de aunar esfuerzos frente a las situaciones de abuso que viven las artistas tanto en la formación como en el ejercicio profesional. 

Pero más allá de las demandas puntuales de las vivencias de mujeres en la universidad y en el espacio laboral, los reclamos se conjugaron incluso con algunos históricos del proceso de transición democrática. 

“El derecho a decidir; la autonomía de nuestros cuerpos; el aborto libre, legal, seguro y gratuito; el fin a la precarización de nuestros espacios laborales; derechos culturales para todxs; acabar con las desigualdades y discriminaciones de género; visibilidad de actrices mayores (contra la hegemonía de los cuerpos que responden a estereotipos); el respeto irrestricto a los derechos humanos; la necesidad de construir y visibilizar las memorias feministas; y no más espacios creativos, laborales y de formación que nos vulneren; no más abusos en todas sus dimensiones, es decir, espacios libres de todas las violencias”, son algunas de las demandas que subrayan Romina Urbina y Alejandra Cabrera, integrantes de la RACH. 

El Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca también se sumó al movimiento con la idea de organizarse frente a “aquellas prácticas que veíamos y vivíamos en las comunidades escolares”, indican desde el espacio. “Lo primero fue tener una red de apoyo para conversar lo que nos encontrábamos vivenciando en la cotidianeidad y dejar de normalizar aquello que encontrábamos que estaba mal”, agregan. 

Buscaron combatir las “pedagogías sexistas, desactualizadas, desinformadas y adultocéntricas” a través de la producción de materiales ya probados y exitosos, y con el auge del movimiento viraron hacia una declarada “educación feminista”, que considera la Educación Sexual Integral (ESI) como uno de sus pilares. 

Este amplio pliego de demandas, que probablemente sólo constituya una parte de las que efectivamente se extendieron al calor de las movilizaciones de 2018, edificaron la agenda de las mujeres y diversidades sexuales y de género desde entonces, una respuesta a la agenda de Sebastián Piñera y la apertura de un proceso que hoy sigue en pie.

Entre los avances en el papel y la efectividad de la práctica

Desde mayo de 2018 a la fecha, las transformaciones pasaron de las calles al papel y emergieron “desde los movimientos sociales”, enfatizan desde la RACH. Para la historiadora y una de las fundadoras de la Red de Historiadoras Feministas, Hillary Hiner, el contexto actual es “un momento muy diferente” donde el rechazo al acoso y la violencia “es transversal” incluso en espacios más conservadores. 

A juicio de la académica de la Universidad Diego Portales (UDP), la Ley 21.369 (2021) representa una de las victorias más importantes de aquellos años, junto con protocolos contra la violencia y la discriminación y el reconocimiento de las personas LGBTQANB+.

“Hay una perspectiva un poco más interseccional en este sentido, hay protocolos y departamentos de género que permiten efectivamente sancionar estas situaciones y también prevenirlas”, valora. La paridad arribó en la postulación de becas de investigación en espacios como Anid, pero para la referente de las ciencias sociales “todavía falta profundizar”.

“Creo que hemos avanzado bastante en relativamente poco tiempo, pero ahora el gran desafío es cómo convertir esa ley o esa política pública en algo concreto”, señala y agrega que el movimiento y sus resultados también han tenido sus costos.

“Han habido despidos, ha habido persecución también de estudiantes en diferentes universidades, entonces claro, pues también ha habido muchas pugnas, han habido muchos costos también en estas luchas”, asegura. 

Sabina Orellana, actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) y en ese entonces estudiante secundaria, concuerda en la valoración de la ley de acoso sexual en la educación superior ya que “no deja a merced a cada casa de estudio su regulación” sino que “establece parámetros”. 

Si bien este avance representa un logro, al igual que la historiadora feminista concuerda que en los hechos “no se ve reflejado” de la misma manera en las universidades. La carencia de fiscalización es uno de los motivos por los cuales existen algunas tomas feministas en el presente, señala la referente. Democratización, paridad, justicia de género, son algunos de los ejes por los cuales hoy la lucha feminista continúa activa. 

Además de los protocolos de género y otros aspectos mencionados con anterioridad, la agrupación docente Amanda Labarca subraya el desarrollo de jornadas no sexistas (voluntarias) impulsadas desde el Ministerio de Educación (Mineduc) a los establecimientos educacionales durante el año 2022, y la promulgación de Ley 21.120 sobre la identidad de género y la circular 0812, que actualiza los protocolos y reconoce a estudiantes trans y sus derechos desde los espacios educativos.

Los desafíos pendientes

Todas las líderes de movimientos feministas mencionadas, y nucleadas en distintos espacios, concuerdan que si bien se avanzó en políticas públicas en pos del reconocimiento de demandas históricas con normas como las mencionadas, y otras más recientes, como la Ley de Responsabilidad y Pago Efectivo de Pensiones, el camino aún es largo. 

“Lamentablemente, la UC aún carece de la creación de política con una participación estudiantil democrática. También la cantidad de decanas es bajísima (4) y cuenta con carreras que aún en sus plantas tiene un déficit de mujeres profesoras”, reflexiona la presidente de la FEUC sobre la realidad particular del espacio que lidera. 

“La paridad es más democracia, los derechos sexuales y reproductivos deben ser un asunto de salud pública y debemos todos estar del lado de un Chile con más justicia de género”, agrega. 

El Círculo de profesoras feministas Amanda Labarca resalta que el sistema educativo carece de sintonía frente a las demandas que niños, niñas y adolescentes de hoy reclaman, como el respeto de las diversidades y espacios libres de estereotipos de género. Para las educadoras, una legislación que permita consolidar una propuesta transversal que lleve la ESI a todo el proceso educativo es una de las grandes deudas pendientes. 

La red de actrices, en tanto, pone énfasis en el trabajo que aun queda por construir confianza entre mujeres “para poder seguir denunciando” y a su vez “acabar con la revictimización”, ya que en la mayor parte de los espacios educativos y laborales existen voluntades institucionales, pero “falta profundización”, dicen desde la RACH. 

“Sabemos que aún falta mucho por construir protocolos efectivos que garanticen espacios libres de violencias, que se acabe la impunidad y las élites intocables”, añaden. 

Una lucha que continúa entre procesos constituyentes y nuevos liderazgos radicales

El cuatro de septiembre de 2022, luego de un corto proceso de deliberación colmado de falencias internas y al mismo tiempo reconocimiento mundial debido a su carácter progresista en materia de derechos sociales, la sociedad chilena rechazó un proyecto que incluía importantes artículos para las mujeres, diversidades sexuales y de género y grupos históricamente excluidos. 

Más tarde, el siete de mayo de 2023, Chile eligió a los 51 Consejeros Constitucionales que trabajarán de la mano de expertos para escribir una nueva propuesta constitucional en reemplazo de la actual creada en y por la dictadura. Usando por segunda vez el sistema de paridad, el 68% de las mujeres elegidas pertenecen a partidos de derecha y derecha radical, en sintonía con lo ocurrido a nivel global en las elecciones. 

Marcada por una agenda opuestas a la de las mujeres, diversidades sexuales y de género, las derechas que liderarán el actual proceso que comienza a sesionar el 7 de junio, desde los movimientos y organizaciones de mujeres y disidencias ven con preocupación este nuevo escenario, muy diferente al del proceso constituyente anterior.

Camila Olmos, Vocera Coordinadora Feminista 8M, sostiene que a casi 50 años del golpe cívico militar que derrocó al expresidente, Salvador Allende, la “estructura legal” permite la persistencia de trabas para “impedir cambios que buscan terminar con la precarización de la vida de las mayorias”, dentro de las cuales se encuentran las mujeres. 

“También, a 50 años seguimos viviendo en la impunidad de los crímenes de Estado y de los abusos de todo tipo que vienen desde el poder”, señala y apunta a los casos de abuso e injusticia hacia las víctimas de la violencia estatal, especialmente aquellas víctimas de la violencia sexual “ejercida ayer por la dictadura y ejercida también en la revuelta”. 

Paralelamente, ven con preocupación el auge de la “criminalización y el racismo”, que estigmatizan a ciertos grupos, como mujeres migrantes, profundizando la violencia de género ya que “cierra las puertas para que las mujeres y disidencias migrantes puedan denunciar”, recalca Olmos.

La ausencia de un Sistema de Cuidados (que permita reconocer que criar y cuidar es trabajar, y es un trabajo no reconocido pero que sin embargo es vital y beneficia a la sociedad completa); la crisis económica (que golpea con ímpetu a mujeres); la crisis habitacional y la precarización generalizada que se marca con fuerza en mujeres y diversidades, son otros de los ejes que destacó la vocera como elementos contextuales de la emergencia de este nuevo liderazgo de derecha y derecha radical.

“El avance del fascismo es un peligro para nuestros derechos fundamentales, y una amenaza para nuestras vidas, estos sectores por años han representado los antiderechos, la explotación, hoy pretenden perpetuar el legado pinochetista, lo que significaría una sentencia para mujeres, disidencias sexo genéricas, para las comunidades, el medio ambiente y los derechos que con esfuerzo y movilización se han adquirido desde el retorno a la democracia”, resalta y hace un llamado “de urgencia a todas y todes” para organizarse frente a lo que consideran desde la coordinadora como “una amenaza”.

Frente al panorama constitucional actual, las docentes mencionadas se declaran en “posición de vigilantes y observadoras de cómo se desarrollará este proceso”. Y así como se sumaron al primero, sostienen que abrirán espacios de difusión, información y reflexión de lo que vaya ocurriendo y defendiendo principios que nuclean el ejercicio docente.

Desde el plano académico, la historiadora Hillary Hiner remarca que el momento actual “a primera vista” se podría catalogar como “difícil”. No obstante, aún no puede hablar del proceso porque aún no empezó del todo. 

“Se habla mucho de esta idea del péndulo, de pasar de una convención paritaria y de mucha presencia de movimientos sociales, feministas y otros, a pendular totalmente hacia la derecha, a un voto importante que tuvo el Partido Republicano, que es un partido que habla en términos netamente antifeministas, que se refiere entre comillas a lo que llaman ideología de género, puede ser bien desalentador”, agrega.

Por último, la Red de Actrices de Chile (RACH) en menos de un lustro se pasó de “la esperanza” de 2019 (por el estallido social) al peligro derivado de la última elección de Consejeros Constitucionales (2023) “Nuestros derechos están siendo amenazados hoy en día”, aseveran. Aunque para ellas, la lucha no se termina en una constitución.

“La institucionalidad no es el lugar en el que confiamos para las transformaciones. Si hay algún tipo de logro o cumplimiento en el programa del actual gobierno, son justamente aquellas transformaciones que se han impulsado desde los movimientos sociales. Nuestra lucha es desde la creación, desde el espacio público, las calles, los parques, las escuelas”, defienden.